Internacional
El Supremo confirma por unanimidad que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado
El Pazo de Meir�s es propiedad del Estado y debe ser devuelto al Estado. La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado este jueves todos los recursos interpuestos contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de la Coru�a respecto de la propiedad del pazo que durante a�o fue elegido como lugar de veraneo de la familia Franco. El pleito, entre la Abogac�a del Estado (con la intervenci�n adhesiva de la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento y la Diputaci�n de La Coru�a y el Concello de Sada) y los hermanos Mart�nez-Bordi� Franco, ha sido resuelto por unanimidad de los magistrados.
La Audiencia Provincial hab�a establecido que el Pazo de Meir�s era propiedad del Estado, que los hermanos Mart�nez-Bordi� deb�an devolver su posesi�n y que ten�an derecho a ser indemnizados por los gastos necesarios y �tiles realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesi�n, puesto que no hab�an sido poseedores de mala fe.
En los recursos interpuestos ante el Supremo por ambas partes ya no se discut�a que los t�tulos jur�dicos en los que se hab�a fundado la propiedad del caudillo Francisco Franco (donaci�n y compraventa) eran nulos. Las cuestiones sometidas a consideraci�n de la Sala se refer�an a la adquisici�n del Pazo por el Estado por prescripci�n adquisitiva o usucapi�n, dado su destino a servicio p�blico de la jefatura del Estado durante m�s de treinta a�os; o por el contrario, la posible adquisici�n por usucapi�n por los herederos de Franco tras su fallecimiento. Tambi�n si los hermanos Mart�nez- Bordi� deb�an ser indemnizados o no por los gastos necesarios y �tiles realizados en la finca durante todos los a�os en que fueron poseedores.
Respecto de los recursos interpuestos por la familia Mart�nez-Bordi� Franco, la Sala confirma la propiedad del Estado y concluye que desde 1938 el Pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, como una dependencia similar al Palacio del Pardo, por lo que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de due�os, como m�nimo hasta la d�cada de a�os 90 del siglo XX, en que dej� de prestarse todo tipo de servicio por la Administraci�n, por lo que no ha transcurrido el plazo legal de treinta a�os para poder adquirir la propiedad por esta v�a. Adem�s, considera que no concurren los requisitos para que pudiera apreciarse que hubiera una desafectaci�n t�cita que despojara al inmueble de ese car�cter de bien de dominio p�blico.
Los magistrados explican que “conforme a lo declarado probado en la instancia, el Pazo estuvo destinado desde el primer momento a un servicio p�blico (sede, aunque fuera temporal, durante unos meses de cada a�o, de la Jefatura del Estado), para lo que, con peculio de la administraci�n, se acometieron todos los actos de acondicionamiento y habilitaci�n para dicho destino p�blico, inclusive su ocupaci�n por funcionarios p�blicos. Es a trav�s del ejercicio de esa actividad como el Estado act�a a t�tulo de due�o y exterioriza tal condici�n (celebraci�n de consejos de ministros, recepciones oficiales, despacho con autoridades de toda �ndole, etc.), de forma ininterrumpida entre 1938 y 1975”.
Indemnizaci�n a los Franco
De igual manera, el Supremo responde a los Franco que “no cabe negar que el Estado tard� un dilatado periodo de tiempo en ejercitar sus derechos sobre el Pazo”, pero “las circunstancias hist�rico-pol�ticas de la transici�n de una dictadura a una democracia y el necesario transcurso del tiempo para cerrar las heridas de un acontecimiento tan traum�tico como una guerra civil (no olvidemos que los acontecimientos que dan origen a este procedimiento se iniciaron en plena contienda, en 1938) permiten descartar la existencia de mala fe o deslealtad”.
En cuanto a los recursos interpuestos por la Abogac�a del Estado y dem�s administraciones coadyuvantes, la Sala parte de la base de que en la demanda se indic� expresamente que no se discut�a que los herederos de Franco fueran poseedores de buena fe y que, por tanto, una vez devuelta la posesi�n del Pazo, deber�an ser indemnizados en los t�rminos previstos para estos casos en el C�digo Civil.
En consecuencia, el Supremo considera que, si en la demanda se mantuvo de manera clara y expresa esta postura, no se puede modificar posteriormente para negar la buena fe y el derecho a la indemnizaci�n previamente reconocidos, puesto que los demandados contestaron a la demanda confiados en esas afirmaciones y un improcedente cambio posterior de las pretensiones de los demandantes les causaba una indefensi�n constitucionalmente proscrita.
Rueda celebra que haya una sentencia “clara”
EL MUNDO
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado este jueves que haya una sentencia “clara” sobre la propiedad del pazo de Meir�s y ha instado a todas las partes a actuar en consecuencia.
“Necesitamos sentencias claras, que nos pueden gustar m�s o menos, pero sabemos lo que dice la justicia y actuaremos en consecuencia”, ha afirmado el presidente gallego.
De este modo, continuar�n el acceso y la utilizaci�n del pazo por parte de los ciudadanos, como Bien de Inter�s Cultural (BIC) que es y, si hay alguna consecuencia indemnizatoria, que ha dicho desconocer, “habr� que acatarla”, ha concluido.
La decisi�n del Supremo tambi�n ha provocado reacciones en la oposici�n gallega. La portavoz nacional del BNG, Ana Pont�n, ha afirmado que la sentencia confirma “una victoria muy importante de la ciudadan�a gallega”, al quedar acreditado que el Pazo de Meir�s “no era propiedad de la familia Franco, sino de los gallegos y de las gallegas”. La dirigente nacionalista ha defendido que el inmueble debe ser transferido a Galicia, abrirse al conjunto de la ciudadan�a y convertirse en “un espacio de memoria para no olvidar lo que ocurri� en este pa�s”. Pont�n ha rechazado adem�s la posibilidad de indemnizar a los herederos del dictador, una decisi�n que, ha dicho, “no entendemos ni compartimos”.
Desde el PSdeG, su secretario general, Jos� Ram�n G�mez Besteiro, ha se�alado que “hoy es un d�a para celebrar”, porque el Supremo confirma que el Pazo de Meir�s “es propiedad del Estado y no de la familia de un dictador que trat� de apropi�rselo mediante fraude”. Besteiro ha subrayado que la recuperaci�n del inmueble es fruto de a�os de reclamaciones institucionales y del impulso dado por la Diputaci�n de A Coru�a y el Gobierno de Pedro S�nchez tras 2018, cuando se promovi� la demanda judicial. A su juicio, la resoluci�n consolida el pazo como “un lugar de memoria democr�tica y de reparaci�n para las v�ctimas de la represi�n”.
