¿"Aislamiento voluntario" en la 'casa de los horrores' de Oviedo? Los padres de los tres menores defienden su "familia" ante el juez

Christian S., alemán de 53 años, y Melissa A.S., norteamericana de nacionalidad alemana de 48, se mudaron desde Alemania a las afueras de Oviedo en octubre de 2021. Se aislaron del mundo, hacían la compra a domicilio y ni siquiera de dejaban ver en el jardín de la casa, hasta que en abril de 2025 cambiaron ese encierro voluntario por el de la prisión provisional. ¿Su delito? Encerrar a sus tres hijos menores durante esos casi cuatro años, viviendo en condiciones higiénicas y sanitarias cuestionables y privándoles de cualquier contacto con el exterior.

Once meses después, ambos se sientan en el banquillo de los acusados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, a puerta cerrada, “dada la gravedad de los hechos enjuiciados”. Están acusados de un delito de violencia psíquica habitual y de tres de detención ilegal de sus hijos -dos gemelos de ocho años y uno mayor de 10- por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 25 años y 4 meses de prisión, si bien sus abogados defensores reclaman su libre absolución. Y recuperar la patria potestad que el juzgado le retiró de forma cautelar.

La vivienda de la zona rural de Oviedo en la que residían fue bautizada como la “casa de los horrores” por los policías que acudieron a ella alertados por una vecina y, desde entonces, el caso se ha conocido así. Este martes, en la primera sesión del juicio, y ante gran expectación mediática, sus abogados se revolvieron contra tal calificativo, atribuyendo su comportamiento a cierta extravagancia en la crianza. “No hay ninguna casa de los horrores. Eso no existe. Aquí lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario” explicaron los letrados, Javier Guillermo Muñoz Pereira y Elena González Martínez.

Las imágenes de la vivienda que se encontraron los agentes eran demoledoras. Se encontraba en malas condiciones de habitabilidad, con un “déficit importante de limpieza”, según la Fiscalía, con cantidades ingentes de basura y suciedad acumulada y un mobiliario “inadecuado para cubrir las necesidades de los menores”. Los gemelos dormían en cunas con monstruos pintados, a las que habían roto los barrotes para entrar y salir libremente. Su hermano, en una cama de reducidas dimensiones para su edad.

Sin embargo, la versión de los acusados es diferente. La familia, según sus abogados, “no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario”. Considera la Fiscalía que “incumplieron los deberes de protección” y privaron a sus hijos “de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales” mientras que ellos lo atribuyen a su excentricidad. La pareja “se ha volcado en sus hijos de una manera, quizás extravagante o heterodoxa, pero desde luego no criminal”, calificó Javier Muñoz a las puertas de la Audiencia.

El momento culmen del juicio llegará este miércoles, con la declaración de Christian y Melissa. Hablarán después de que en la primera sesión el tribunal ya escuchase a los policías locales y guardias civiles que inspeccionaron la vivienda y a los trabajadores sociales que participaron en esta actuación y pudieron relatar el estado de los niños, que desde entonces están en un centro de menores bajo tutela pública del Principado de Asturias.

La Fiscalía sostiene que “sufren distocia social“, que supondrá un retraso en la incorporación a las relaciones sociales propias de su edad, pero también en este punto discrepan los acusados. Elena González, letrada del padre, atendió a los medios antes del juicio e insistió en que “no está acreditado el daño psicológico a los niños” y relató que ahora están escolarizados, se están adaptando al nuevo patrón y aprendiendo el castellano. Hasta que la policía fue a su casa en abril de 2025, nunca habían estado escolarizados en España, solo hablaban inglés y los gemelos no sabían leer ni escribir.

Lo llamativo del caso generó una gran expectación mediática en la Audiencia y, si bien los medios no pudieron presenciar la vista, los abogados defensores ya avanzaron parte del contenido que se pudo escuchar. Su estrategia de defensa comienza con una cuestión de nulidad porque consideran que la entrada y registro en la vivienda “no se practicaron conforme a ley” y continúa por cuestionar que el caso se abordó mal desde el primer momento, pues tendría que haberse actuado “de una manera gradual” y siempre a través de los servicios sociales, “no la policía, ni siquiera la justicia”.

Y es que sus clientes, sostienen, “no son los delincuentes”, por eso confían en que salgan absueltos y “alguna vez, de manera gradual”, puedan recuperar la custodia de sus hijos y “volver a reunirse como una familia”. Les presentaron ante el tribunal como a “una familia que decidió aislarse desde el mundo”.

Esa reclusión, que nadie discute, se produjo, según la Fiscalía, “por el infundado temor que tenían los acusados, y que habían inculcado a sus hijos, a que se contagiasen de algo”. Por eso nunca les escolarizaron y ni siquiera les hacía seguimiento sanitario. La última vez que acudieron al médico fue en 2019 y sus padres se encargaban de diagnosticar y tratar sus problemas. De hecho, en la casa encontraron abundantes medicamentos, comprados sin la preceptiva prescripción médica y los niños presentaban “problemas de control de esfínteres, ocasionados por la utilización indebida y prolongada de pañales”.

El juicio se celebra este martes y este miércoles entre gran expectación mediática, la misma que generó este caso cuando saltó a la luz y el foco se centró en este enorme chalet de bajo y dos plantas cuyo alquiler pagaban sin demora desde octubre de 2021. En la casa únicamente figuraba empadronado el padre, no constando ni la madre ni los niños en ningún registro público.

Además de los 25 años de prisión, la Fiscalía pide que se les inhabilite para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante 3 años y 4 meses, se les prohíba comunicarse con sus hijos o aproximarse a ellos durante 11 años y 10 meses y se les imponga el pago de una indemnización de 15.000 euros a cada uno por los daños morales sufridos.