La UCO sitúa a Pineda, el 'conseguidor' desde la Delegación del Gobierno en Andalucía, en el centro de la trama para un "pelotazo" entre "favores"

A pocos pasos del despacho oficial del delegado del Gobierno en Andalucía se gestó una «trama» corrupta que se dedicó, supuestamente, a enriquecerse a través de un pelotazo urbanístico y de hacer favores a cambio de contrasprestaciones. Funcionó durante años sin que, aparentemente, los delegados del Gobierno que se sucedieron se percataran de nada.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están convencidos de que el socialista Rafael Pineda -jefe de gabinete con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y con Pedro Fernández, actual delegado- montó su «trama» desde su despacho oficial, valiéndose de su puesto a la sombra del máximo representante del Gobierno de Pedro Sánchez en la comunidad.

Según un atestado de la UCO al que ha tenido acceso EL MUNDO, a Rafael Pineda (que fue detenido en febrero junto a otras cuatro personas) el puesto de jefe de gabinete le abrió las puertas para hacer negocios y para que lo hicieran sus allegados. Desde su despacho se fraguó un pelotazo urbanístico y se presionó al alcalde de la localidad sevillana de Gines para que le concediese licencia de apertura a un amigo que, con frecuencia, le invitaba a comidas y copas. Los investigadores señalan, a partir de unas escuchas telefónicas, que Pineda se habría ofrecido incluso a facilitar la regularización de inmigrantes. Todo ello ha llevado a la Guardia Civil a señalar al ex jefe de gabinete como un «conseguidor» que actuaba desde la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Rafael Pineda se compinchó para todo ello con otras cinco personas, entre ellas su propia esposa, Olga Pérez, a la que la Guardia Civil concede el papel de «testaferro». La utilizó para ocultar su participación en algunas operaciones. Sobre todo en la que más dinero le reportó, la compra-venta de un solar del Ayuntamiento de Sevilla a un precio por debajo de mercado y que vendieron inmediatamente después (algo más de cuatro meses más tarde) por el doble.

Pineda, su mujer y sus socios habrían actuado con la ventaja de contar con información privilegiada en todo el proceso de enajenación de ese solar, situado en el barrio de Pino Montano. Para ello abonaron una comisión presuntamente ilegal de 78.650 euros a un directivo de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa), que también fue arrestado y está imputado en la causa judicial.

Para llegar hasta este empleado público, identificado como Daniel Muñoz Lorencio, el ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno usó el poder que le otorgaba su puesto y, a cambio de una comisión, el trabajador de la empresa pública de vivienda de Sevilla le habría facilitado toda la información del proceso por el cual se adjudicó, en 2017, una parcela -la Q4-2 del plano seis del Proyecto de Parcelación SUP-M-6 de Pino Montano- en régimen de alquiler, por 40 años, a su esposa, dentista de profesión.

Entre los indicios que desgrana la UCO para sustentar sus acusaciones destaca cómo la mujer de Pineda presentó su oferta cuando apenas quedaban unas horas para que terminase el plazo, lo que le habría permitido, apuntan los investigadores, conocer todos los detalles de otras ofertas competidoras.

Además, 15 días antes de que se adjudicase la parcela municipal, la esposa de Pineda tenía ya firmado un contrato de arrendamiento para la instalación en esos suelos de una estación de servicio y un establecimiento de la cadena Burger King.

En ese contrato de arrendamiento, firmado también por 40 años, tuvo mucho que ver otro de los presuntos miembros de la trama, J.G.L., que era directivo de la empresa que gestiona las franquicias de Burger King en Andalucía y que fue la que alquiló el solar. Como el resto de los socios, se habría lucrado por esta operación.

Fue en septiembre de 2024 cuando Emvisesa decidió vender la parcela y, en un nuevo procedimiento público, la sacó a concurso. La empresa de la que era socia la mujer de Pineda, Higuerón Real Estate, la compró por 1.777.796,84 euros (IVA incluido) después de ser tasada «a la baja» de forma injustificada.

Apenas cuatro meses después, en enero de 2025, Higueron Real Estate (una empresa «velo» la llama la Guardia Civil) la vende a Eryel Invest SL por 3.956.284,87 euros, con un beneficio de 2.170.488,13 euros que la trama se embolsó y se repartió.

El directivo de Emvisesa formó parte de la mesa de contratación que adjudicó la parcela en alquiler y facilitó también la venta a la empresa detrás de la cual estaba el ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno.

De acuerdo con la investigación de la UCO, Pineda habría aprovechado también sus funciones como jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno para favorecer a un amigo, D.R.M. (investigado por blanquear dinero del narco). Así, valiéndose de su cargo, presionó al alcalde de Gines, Romualdo Garrido, para que facilitase los trámites necesarios para la reapertura de un bar, Green House, a cambio de beneficios «en especie». Precisamente en ese restaurante el instituto armado grabó conversaciones en las que el propietario, D.R.M., hablaba de cómo Pineda utilizaba su influencia para regularizar a inmigrantes sin papeles. A uno de esos extranjeros le decía que le diera el resguardo de la solicitud del NIE (número de identificación de extranjeros) para enviárselo al entonces mano derecha del delegado del Gobierno, que «le va a dar el NIE del tirón», se escucha en esas cintas. Los investigadores creen Pineda habría recibido «alguna dádiva» a cambio.

Similitudes con el caso Juan Guerra

En las mismas dependencias de la Plaza de España de Sevilla estuvo el despacho desde el que, hace más de treinta años, Juan Guerra se dedicó a hacer favores. El tráfico de influencias nació penalmente en las oficinas de la Delegación del Gobierno y allí, según lo descubierto por la UCO en relación a Pineda y sus socios, se ha seguido practicando 31 años después del juicio al hermano del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra.

Lo que hizo el hermanísimo se parece mucho a lo que la Guardia Civil atribuye al socialista Pineda -que ya fue concejal y alto cargo en el Ayuntamiento de Sevilla en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde-. Pero la diferencia radica en que, en aquellos años, principios de la década de los 90, no estaba recogido en el Código Penal el delito de tráfico de influencias, que ahora se le imputa a Pineda y el resto de implicados, además de cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Fue precisamente a raíz del caso Juan Guerra cuando se reformó el Código Penal para incluir el delito de tráfico de influencias.