Pugna entre Gobierno y CCAA por los auxiliares de conversación: miles de jóvenes extranjeros podrían no ir a los colegios por "falta de seguridad jurídica"

El programa del Ministerio de Educaci�n (PSOE) sobre los auxiliares de conversaci�n nativos en los colegios est� amenazado por las inspecciones que est� llevando a cabo el Ministerio de Trabajo (Sumar). El departamento que dirige Yolanda D�az ha comenzado a investigar y multar a varias autonom�as porque dice que estos j�venes extranjeros, estudiantes de �ltimo a�o de universidad que vienen a Espa�a a ayudar a los ni�os con la pr�ctica del idioma, no est�n ejerciendo estas tareas, sino que son utilizados como “falsos becarios” que deber�an tener un contrato laboral y cotizar a la Seguridad Social.

Comunidades como Arag�n, Galicia, Andaluc�a, Extremadura, Murcia, Castilla y Le�n, Madrid o la Comunidad Valenciana (todas del PP) est�n “preocupadas” y han transmitido su “inquietud” al Ministerio de Educaci�n. El asunto se tratar� este viernes en la Conferencia Sectorial, m�ximo �rgano de interlocuci�n en materia educativa entre el Gobierno y las autonom�as.

Estas CCAA reclaman “coordinaci�n” entre ambos ministerios, Trabajo y Educaci�n, porque denuncian que est�n siendo inspeccionados y multados por Trabajo por limitarse a aplicar un convenio que ha establecido Educaci�n. Galicia, con 700 auxiliares de conversaci�n, y Arag�n, con 101, ya han dicho que renunciar�n al programa para el pr�ximo curso si persiste la “falta de seguridad jur�dica” que se est� produciendo en la actualidad. Andaluc�a ya abandon� el programa el a�o pasado, cuando fue sancionado por Trabajo con cinco millones de euros: ten�a 1.806 auxiliares de conversaci�n y este curso no ha tra�do ninguno.

Otras autonom�as tambi�n se plantean llegar a cancelar su colaboraci�n si los obst�culos persisten. El n�mero de participantes var�a, seg�n la disponibilidad de las comunidades aut�nomas y de los pa�ses que colaboran. El a�o pasado un total de 7.140 auxiliares de conversaci�n nativos ayudaron a los alumnos de toda Espa�a a mejorar sus habilidades de expresi�n oral en ingl�s, franc�s, alem�n, italiano o portugu�s.

“Intercambio cultural”, no contrato laboral

Este programa lleva en pie desde hace dos d�cadas y permite que estudiantes universitarios de �ltimo a�o de hasta 30 pa�ses como EEUU, Reino Unido, Nueva Zelanda, Suiza, Francia, Alemania, Italia o Brasil vengan a Espa�a a ayudar a los alumnos espa�oles de los colegios para que mejoren su soltura en lengua extranjera. Para ello sacan a un grupo reducido de clase y conversan con ellos en su lengua materna, generalmente durante una hora a la semana.

El convenio del Ministerio de Educaci�n establece que se trata de “un intercambio cultural”, por lo que no considera que estos j�venes nativos deban estar sujeto al r�gimen de los trabajadores ni tener un contrato laboral. Fuentes de este departamento que dirige Milagros Tol�n explican que tienen un dictamen de la Abogac�a del Estado que les “aporta seguridad jur�dica” en este tema.

El dictamen, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se�ala que “no concurre una relaci�n laboral” y que no se debe exigir, por tanto, un salario. “La relaci�n de los auxiliares no tiene tintes laborales; se parece m�s a una de car�cter voluntario, considerando principalmente el objetivo de esta figura, m�s cercano a una suerte de ‘embajador cultural’, y no la prestaci�n de unos servicios a cambio de una retribuci�n”, indica la Abogac�a del Estado. Estos j�venes reciben una compensaci�n econ�mica que ronda los 800-1.000 euros mensuales y en algunos casos incluye alojamiento o vales de comida, pero es una beca, no un salario.

Los hechos

Lo que ha ocurrido, en palabras de Educaci�n, es que por parte del Ministerio de Yolanda D�az se han iniciado “algunas actuaciones administrativas en las que se plantea, desde la consideraci�n de la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social, que este programa presenta condiciones asimilables a una relaci�n laboral, y otras en las que se apunta, en algunos casos concretos, a una posible realizaci�n de tareas y funciones que no les correspond�an a dichos auxiliares”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo argumentan que la Inspecci�n est� actuando “de forma m�s generalizada ante la petici�n de ayuda por parte de Educaci�n, pues ve que hay problemas en algunas comunidades aut�nomas porque los auxiliares de conversaci�n se est�n extralimitando en sus funciones y est�n manteniendo una relaci�n laboral”.

�Qu� supone esa extralimitaci�n de las funciones? Por ejemplo, los auxiliares estar�an ayudando a los profesores a impartir clases, aunque no est�n formados para ello, o creando contenidos educativos, o poniendo audiciones en clase, o corrigiendo la pronunciaci�n y la gram�tica de los alumnos dentro de las propias aulas, o colaborando en las clases preparatorias de los ex�menes de Cambridge o DELF, o participando en tareas de traducci�n de materiales.

“No se puede usar este programa para sustituir a profesores y a profesionales de la docencia. En todos los espacios, tambi�n en el sistema educativo, se deben respetar la legislaci�n laboral y las sentencias judiciales. Por lo tanto, o se demuestra que son becarios y que en ning�n caso sustituyen el trabajo ordinario de la docencia, o se tiene que buscar una f�rmula laboral”, insisten en el Ministerio de Trabajo.

EL MUNDO ha hecho una ronda por las autonom�as y todas niegan que los auxiliares de conversaci�n est�n realizando otras funciones que no sean conversar con los alumnos en su idioma materno. Dicen que se limitan a cumplir lo que establece el convenio del Ministerio de Educaci�n.

Las sanciones

“Los auxiliares no pueden trabajar como profesores, no lo son. Se trata de estudiantes universitarios. En ning�n caso sustituyen a los profesores y siempre est�n en el aula con un profesor. Ellos est�n aqu� para aprender. No hacen otra cosa”, se�alan fuentes de la Junta de Andaluc�a, que ha renunciado a participar este curso en el programa, en donde estaban apuntados 1.806 auxiliares, tras ser multado con cinco millones de euros por no dar de alta a estos j�venes extranjeros en la Seguridad Social en los colegios de la provincia de Sevilla.

Se da la circunstancia de que Trabajo ha multado s�lo por los auxiliares de conversaci�n pagados por las CCAA, pero no por los sufragados por el Ministerio de Educaci�n. “Han coincidido en los mismos institutos los que financia el Ministerio y los que financia Andaluc�a y, pese a que realizaban las mismas funciones, s�lo se ha sancionado por los financiados por Andaluc�a”, denuncian las mismas fuentes.

Tambi�n ha ocurrido lo mismo en Arag�n, donde ha habido sanci�n de 199.000 euros en la provincia de Teruel por la actuaci�n del cupo de auxiliares de conversaciones cuya financiaci�n corresponde a esta regi�n. “Existe un cupo de auxiliares de conversaci�n cuyas actuaciones y financiaci�n corre a cargo de la Administraci�n General del Estado, sometidos a las mismas condiciones que los auton�micos, pero estos curiosamente no est�n siendo inspeccionados. Por encomienda del Ministerio de Trabajo, tal y como nos han comunicado los propios inspectores de Arag�n, se est� revisando el programa de auxiliares de conversaci�n, pero solo lo concerniente a los cupos auton�micos, no los estatales”, denuncian fuentes de la Consejer�a de Educaci�n de Arag�n de Tomasa Hern�ndez, que tambi�n renunciar� al programa si la situaci�n no se arregla.

Desde el Departamento de Educaci�n aragon�s se aleg� y se pidi�, sin �xito, archivar el expediente en tanto en cuanto no existe relaci�n laboral, sino de car�cter subvencional. Este caso es especialmente llamativo porque Arag�n tiene a los auxiliares dados de alta en la Seguridad Social con un r�gimen similar al de las personas que participan en programas de formaci�n. Trabajo insiste en que es una relaci�n laboral encubierta. Arag�n va a presentar un recurso de reposici�n y, si no prospera, acudir� a un tribunal contencioso-administrativo.

“Se va a ir hasta el final y, en caso de que se perdiera, se abrir�a expediente de responsabilidad patrimonial al Ministerio de Educaci�n, que es quien ha tra�do a los auxiliares. No puede ser que el Gobierno central, responsable del programa, que selecciona y trae a los auxiliares, siendo Arag�n una de las pocas CCAA que paga Seguridad Social, multe a esta administraci�n”, lamentan las fuentes consultadas.

Hace unos meses, Trabajo tambi�n abri� un proceso sancionador a Galicia por la forma de actuar de los auxiliares de conversaci�n en los colegios de la provincia de La Coru�a. “No son trabajadores, tienen un r�gimen de intercambio cultural. Nosotros cumplimos a rajatabla lo que marca Educaci�n. Les damos manutenci�n, alojamiento y un seguro m�dico. El Ministerio de Trabajo considera que hay una relaci�n laboral, pero no es cierto, estamos haci�ndolo como siempre. Este programa es muy importante para nuestro modelo pluriling�e porque nos permite tener a un joven de Wisconsin hablando con los alumnos en una aldea de Lugo, lo que favorece la igualdad de oportunidades”, explican fuentes de la Conselleria de Educaci�n de Galicia.

Las cartas

El conselleiroRom�n Rodr�guez ha escrito varias cartas a la ministra Tol�n para pedirle que solucione la situaci�n de “inseguridad jur�dica” que se ha creado y advierte que las actuaciones impulsadas por Trabajo “ponen en riesgo la continuidad del programa”. En la �ltima, le pide que en la Conferencia Sectorial de Educaci�n est� presente un responsable del Ministerio de Trabajo para explicarles “cual es la problem�tica del programa actual y pueda aportar las claves que garanticen que se pueda desarrollar con garant�as de seguridad jur�dica”.

Seg�n los datos recabados en toda Espa�a, estas inspecciones son recientes y no se producen en toda Espa�a. Fuentes de los gobiernos de Asturias (PSOE), Castilla-La Mancha (PSOE), Catalu�a (PSC), Baleares (PP), Cantabria (PP) o Canarias (CC-PP) explican que no han sido multados ni hay en marcha ninguna investigaci�n que afecte a sus territorios. Tampoco hay expedientes abiertos en Madrid (PP), Castilla y Le�n o Murcia (PP), aunque son “conocedores de la falta de coordinaci�n que se est� poniendo de manifiesto entre los dos ministerios” y se encuentran “preocupados” por la “incertidumbre que se est� generando en las comunidades aut�nomas”. Igualmente Extremadura (PP) ha trasladado a Educaci�n su “inquietud” y ha pedido que le d� “garant�as jur�dicas para evitar sanciones”.

Por parte del Ministerio de Educaci�n, se ha acordado la creaci�n de un grupo de trabajo con las comunidades aut�nomas “para analizar cada caso y ofrecer garant�as y seguridad para el correcto desarrollo del programa”, explican fuentes de este departamento.