Las tecnológicas ponen a España en el centro de sus riesgos legales ante sus inversores

Las tecnol�gicas vuelven a estar en el punto de mira del Gobierno, y al m�s alto nivel. El pulso regulatorio y judicial anunciado por Pedro S�nchez estas semanas a�n est� por llegar y materializarse, pero el goteo de sanciones y pleitos es m�s antiguo y ha convertido a Espa�a en uno de los pa�ses m�s presentes entre los riesgos legales que las grandes compa��as tecnol�gicas detallan ante sus inversores.

Una de las compa��as tecnol�gicas con las que el Gobierno ha tenido un enfrentamiento m�s directo es Airbnb. La plataforma de alquiler de pisos tur�sticos detalla en su informe anual el choque del pasado a�o con el Ministerio del Consumo, un conflicto que se resiste a reflejar en sus cuentas, ya que la compa��a considera que puede ganar tras acudir a los tribunales.

“Algunas jurisdicciones nos han impuesto o pueden buscar imponernos impuestos o exigir licencias en nuestra plataforma e incumplir con ello puede llevarnos a multas. Por ejemplo, el Ministerio de Consumo de Espa�a ha planteado una multa de 65 millones de euros por un presunto incumplimiento de la normativa de licencias de corta estancia”, se�ala la compa��a en su informe anual, donde subraya el recurso y detalla que inicialmente la reclamaci�n era de 110 millones. “Los requisitos regulatorios globales y retos que afectan a nuestro negocio contin�an increment�ndose”, concluye.

En el mismo sector, otro gigante que siente la presi�n regulatoria en Espa�a es Booking. El portal de reserva de experiencias vacacionales busca crecer m�s all� de los hoteles, al tiempo que cuenta con dos grandes frentes judiciales que amenazan con suponerle una importante salida de caja en nuestro pa�s.

Por un lado, la empresa de origen holand�s fue objeto de la mayor multa hist�rica impuesta por la Comisi�n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con 413 millones de euros en 2024. En ese momento, la compa��a registr� una provisi�n de 428 millones de d�lares a pagar a corto plazo, una cifra por debajo de los 530 millones de d�lares que se hab�a aprovisionado el a�o anterior ante el borrador que tasaba el precio de la infracci�n.

Sin embargo, en 2025, la Audiencia Nacional suspendi� la sanci�n, lo que llev� a la empresa de viajes a recalificar la posible factura a largo plazo e incrementarla hasta los 485 millones de d�lares (411 millones de euros al cambio), una decisi�n motivada en gran medida por la ca�da del valor del d�lar frente al euro el pasado a�o.

En el mismo p�rrafo, la compa��a reconoce que a�n no hay un acuerdo sobre si tiene que implementar las restricciones impulsadas por la CNMC sobre c�mo ordenar los hoteles en su portal y los nuevos contratos.

En esta l�nea, la plataforma tambi�n hace alusi�n a la inminente demanda que los hoteleros espa�oles preparan contra la plataforma por sus cl�usulas de paridad, que obligaban a tener en Booking el precio m�s bajo disponible de las habitaciones. Esta se suma a otras “potenciales demandas” en Francia y Reino Unido y llegan despu�s de un fallo en el Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea (TJUE) contra este tipo de acuerdos. La compa��a, eso s�, no detalla el potencial impacto.

Tampoco lo hace Uber sobre las posibles sanciones a las que se enfrenta en Espa�a por el uso de aut�nomos como riders en los �ltimos a�os. La empresa s� menciona las limitaciones que el pa�s ha impuesto a nivel regulatorio tanto a este modelo como al de los conductores de VTC.

“En algunas jurisdicciones, incluidas Argentina, Alemania, Italia, Jap�n, Corea del Sur o Espa�a, nuestro modelo de transporte compartido ha sido bloqueado, limitado, suspendido u obligado a modificarse, sobre todo por leyes o restricciones significativas”, apunta el grupo.

En esta l�nea, enmarca como un riesgo para su modelo de crecimiento los mayores requisitos que pueden tener que cumplir los conductores de Uber para circular, una menci�n por ejemplo a los permisos de conductores de VTC que se han impuesto en comunidades como Madrid, as� como las limitaciones al n�mero de licencias.

“Es posible que algunas jurisdicciones impongan topes al n�mero de conductores o veh�culos con licencias que podamos tener o limitaciones al m�ximo de horas que pueden trabajar, algo similar a lo que ha ocurrido recientemente en Espa�a y la ciudad de Nueva York” apunta el texto.

En paralelo a estos casos, otras compa��as tecnol�gicas han sufrido reveses relevantes, como Meta, obligada a pagar m�s de 479 millones de euros m�s intereses a los diarios y medios impresos espa�oles, un fallo que recurri�, pero que tambi�n detalla en su informe anual, al igual que ocurre con el frente que tiene abierto con las cadenas de televisi�n y radio.

M�s reciente a�n es el nuevo expediente abierto a la Comisi�n Nacional de los Mercados y la Competencia a Apple y Amazon por los privilegios del fabricante de dispositivos electr�nicos en el marketplace y la falta de aplicaci�n de las cl�usulas sancionadas tambi�n en 2023.