Revés judicial a la fórmula elegida por el Gobierno para extender la suspensión de los desahucios

El Gobierno trabaja contrarreloj para convalidar en el Congreso el decreto por el que ha extendido el llamado escudo social y con �l la suspensi�n de los desahucios para colectivos vulnerables. El decreto, en vigor de forma provisional desde su publicaci�n en el BOE el pasado 2 de febrero, contempla tras lo pactado con el PNV, que s�lo se pueda proceder a un lanzamiento en aquellos casos en los que el propietario tenga una o dos viviendas. Pero la f�rmula empleada para extender esta norma de car�cter extraordinario est� empezando a ser cuestionada por los tribunales.

Y es que la suspensi�n de los desahucios se adopt� como medida excepcional tras el estallido de la pandemia del Covid en 2020, para proteger a las familias vulnerables en un contexto de destrucci�n de empleo, y se ha ido prorrogando progresivamente durante seis a�os hasta la aprobaci�n, ahora, del nuevo decreto. La Ley de Vivienda, en vigor desde mayo de 2023, ya contempla f�rmulas de protecci�n para colectivos vulnerables, por lo que la extensi�n continua de una medida que fue dise�ada con car�cter temporal por la pandemia empieza a ser cuestionada en los tribunales de justicia.

Cristina Vallejo, decana del Colegio de la Abogac�a de Barcelona, considera que esta f�rmula vulnera derechos de los propietarios de viviendas. �La protecci�n de las personas vulnerables debe garantizarse a trav�s de pol�ticas p�blicas y soluciones habitacionales, no mediante la perpetuaci�n de medidas excepcionales que desnaturalizan el equilibrio entre los derechos en conflicto�, advierte.

Ya as� lo est�n empezando a ver tambi�n los juzgados. Un auto de la Audiencia Provincial de Palencia, de diciembre de 2025, desestim� el recurso presentado por una persona contra su sentencia de desahucio, tras un aplazamiento de su lanzamiento inicialmente fijado para abril de 2024. �Transcurrido de facto un tiempo amplio de suspensi�n del lanzamiento (dos a�os desde la sentencia), sin que conste se haya intentado una alternativa habitacional, no puede continuarse ahora con un nuevo periodo de suspensi�n, aunque ya sea corto�.

�La normativa excepcional no puede interpretarse en el sentido de permitir una suspensi�n indefinida o permanente de los procedimientos de desahucio�, avisa Vallejo, �ya que ello supondr�a una restricci�n desproporcionada del derecho de propiedad y del derecho del arrendador a recuperar la posesi�n de su vivienda una vez resuelto el contrato de arrendamiento�.

No es el �nico caso en le que esta f�rmula se ha topado con el recelo judicial. EL MUNDO ha constatado al menos otros dos autos; uno de mayo de 2024 de un juzgado de primera instancia de Badalona y otro del 29 de octubre de 2025, tambi�n de la Audiencia Provincial de Palencia.

Pese a estos recelos judiciales, el Gobierno ha optado por volver a recurrir a la f�rmula de extender las medidas extraordinarias al menos hasta diciembre de 2026. Tras el fiasco del decreto Omnibus, en el que se incluy� la extensi�n del llamado escudo social junto a las pensiones, el Ejecutivo pact� con el PNV que esta medida no afectase a los propietarios con una o dos viviendas, aunque deja fuera todos procesos iniciados antes del 3 de febrero de este a�o, por lo que no supone un gran alivio para los propietarios particulares que ya estaban sufriendo una situaci�n de este tipo.

El nuevo decreto, desbrozado del Omnibus y con el visto bueno del PNV, debe ser refrendado ahora en el Congreso, sin que el Ejecutivo tenga todav�a los apoyos necesarios garantizados. Negocia para ello con Junts, aunque no se sabe qu�, con el reloj jugando en su contra. Tiene un plazo total de 30 d�as desde la publicaci�n en el BOE (aunque mientas tanto ya est� en vigor) y, salvo que se habilite una sesi�n extraordinaria en la primera semana de marzo, deber� hacerlo antes de que acabe el mes de febrero.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodr�guez, negocia en paralelo los apoyos necesarios para sacar adelante las medidas anunciadas por el presidente Pedro S�nchez en enero, entre las que se inclu�a, una rebaja fiscal para aquellos caseros que no suban precios del alquiler. Esta negociaci�n, que tiene abiertamente en contra a Sumar y a Podemos, parece estancada. La redacci�n del decreto ni ha empezado y la titular de Vivienda ya daba por hecho que necesita m�s tiempo: “No es tirar la toalla, sino que necesitamos seguir avanzando en la conformaci�n de ese acuerdo para proseguir”, apunt� Rodr�guez.