Las 'telecos' piden al Gobierno rebajar el escudo antiapagones de la red móvil del 85% al 70% de la población y cuestiona su estimación de costes

Los operadores de telecomunicaciones buscan rebajar las exigencias que el Ministerio para la Transformacin Digital plante con el borrador de su ‘decreto antiapagn’. En los escritos de alegaciones a los que ha tenido acceso EL MUNDO, las ‘telecos’ han planteado unos nuevos requisitos menos exigentes y han cuestionado los clculos de costes que el Gobierno estima que tendr implementar las medidas que proponen. En concreto, los operadores apuestan por bajar la poblacin cubierta con una cobertura reforzada del 85% al 70% del total.

Se trata de una medida que adems ira acompaada por un marco ms flexible para el nivel de disponibilidad de las infraestructuras consideradas no esenciales, ya que se plantea que en vez de las cuatro horas como mnimo que plantea el Gobierno se establezca la obligacin de contar con entre dos y cuatro horas de respaldo elctrico, dado que las infraestructuras crticas deben tener 24 horas de disponibilidad ante interrupcin del suministro elctrico y existe otro nivel intermedio donde se debe garantizar al menos 12 horas de ininterrumpibilidad.

Estas medidas son los dos puntos centrales donde los operadores de telecomunicaciones han centrado unas alegaciones en las que tambin se reprocha la falta de incentivos o compensaciones para el sector y el impacto que tendr la necesidad de poner recursos en estos planes frente a sus cuentas. Ms si cabe, cuando el sector ha asegurado desde el primer momento que el clculo pblico infraestima los costes reales de la implementacin masiva de estas bateras ms grandes en la red mvil, cifrado en 74 millones de euros por la Secretara de Estado de Telecomunicaciones.

La argumentacin del sector, que lleva una semana de reveses regulatorios en Bruselas, apunta a que los planes de resistencia energtica aumentarn entre un 5 y un 10% la inversin necesaria para su red, lo que significar que los planes de despliegue de otras tecnologas como el 5G de las compaas tendrn que ir por necesidad ms lentos, con el consiguiente retraso para el pas a la hora de disponer de una tecnologa puntera.

En esta lnea, los operadores temen que a esto se unan varios costes recurrentes que el Ejecutivo no ha considerado. El principal sera una mayor factura elctrica, ya que el consumo de la red crtica aumentara entre el 8% y el 15%, pero tambin la necesidad de ir reemplazando las bateras que se instalen.

Propuestas

Para evitar que esto ocurra, los operadores de telecomunicaciones plantean desde la creacin de incentivos directos a la inversin a travs de financiacin pblica y un calendario ms flexible para implementar estas medidas hasta la llegada de deducciones sobre el Impuesto de Sociedades y una amortizacin acelerada de estos activos en el balance de las compaas.

En el plano fiscal, otra propuesta se encamina a que el tratamiento de los costes de ciberseguridad reciba algn tipo de incentivo o que el sobrecoste energtico que van a sufrir los operadores se compense con una rebaja sobre la tasa de espectro.

Por ltimo, el otro caballo de batalla que plantea el sector es la excesiva burocracia y obligaciones de notificacin que, a su juicio, impone el decreto. Este obliga a redactar informes sobre cualquier incidente que corte la conexin de al menos 10.000 lneas de mvil, un umbral que los operadores quieren elevar a 25.000.

Al mismo tiempo, las compaas quieren aprovechar el Real Decreto para solucionar algunos de los cuellos de botellas de la normativa que convierten en un infierno burocrtico el despliegue de infraestucturas como las antenas mviles. Por ello, piden un procedimiento simplificado que ayude a desarrollar las actividades de la resiliencia y que haya que pedir menos autorizaciones en las antenas.