Julio Iglesias pide el archivo de la investigación abierta contra él por abusos sexuales por "ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles"

Julio Iglesias pide el cerrar la investigacin de la Fiscala abierta contra l por supuestas agresiones sexuales. En un escrito presentado este lunes, su defensa reclama al Ministerio Pblico de la Audiencia Nacional que dicte un decreto de archivo de las diligencias ante la “ausencia de jurisdiccin de los tribunales espaoles” para investigar el caso.

Julio Iglesias solicita, adems, tener acceso inmediato a las diligencias de investigacin incoadas tras la denuncia interpuesta contra l basada en el testimonio de dos mujeres, una empleada del servicio domstico y una compaera fisioterapeuta, tal y como revel elDiario.es. Ante la evidente repercusin pblica del asunto, posponer el acceso a las diligencias supondra la indefensin del artista, que ya ha sufrido con ello un “dao reputacional”.

La asociacin que asesora jurdicamente a ambas mujeres, Women’s Link Worldwide, inform de que la Fiscala ha acordado tomarles declaracin. La defensa de Julio Iglesias indica que debe estar “inexorablemente” presente en esa diligencia, “para poder acreditar la falsedad de las imputaciones y defender el honor” del cantante “frente al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campaas mediticas que le conducen a una irremediable pena natural, al margen del proceso”.

A travs de su letrado, Jos Antonio Chocln, Iglesias critica que se otorgue a esas mujeres la condicin de testigos protegidas pese a “haber convertido por su propia decisin el asunto en un caso de inters meditico”. A su juicio, esta decisin de hacer pblico el caso supone que “cualquier pretensin de proteccin frente al investigado, incluso a nivel general, debe decaer”.

Respecto a la jurisdiccin de la Justicia espaola para investigar el caso, la defensa de Julio Iglesias hace una interpretacin distinta a la que recoge la denuncia. “Los tribunales espaoles carecen (y por extensin la Fiscala de la Audiencia Nacional) de jurisdiccin para la averiguacin del hecho denunciado”, afirma.

Considera que la ley espaola y la jurisprudencia requieren para actuar en nuestro pas que no sea posible hacerlo en el lugar donde ocurrieron los supuestos delitos, en este caso Repblica Dominicana y Bahamas, algo que no sucede en este caso.

El escrito afirma que el artculo que lo regula -el multireformado, prolijo y confuso artculo 23 de la Ley Orgnica del Poder Judicial– debe examinarse en su conjunto y que de l no se desprende que cualquier delito cometido por un espaol en el extranjero pueda perseguirse en nuestro pas.

Cita resoluciones del Supremo que subrayan la prevalencia del principio de territorialidad (lugar de los hechos) frente al principio de personalidad activa (nacionalidad del supuesto autor), que a su juicio cerraran la puerta a la eleccin a conveniencia del lugar en el que deben investigarse los hechos.

La asociacin que denuncia a Julio Iglesias ha indicado que haban elegido actuar en Espaa porque lo consideraban ms conveniente para los intereses de las mujeres que descartaron denunciar ante las autoridadez dominicanas y bahameas. Tambin precis la semana pasada que la Fiscala espaola no se haba pronunciado an sobre la competencia de la Audiencia Nacional sobre el caso.

La defensa de Iglesias replica a las denunciantes que “el criterio de atribucin de la jurisdiccin” que esgrime la denuncia “es siempre subsidiario, siendo preferente el de territorialidad (lugar de comisin), de modo que solo cuando no se pueda perseguir el hecho por el Estado del lugar de comisin podr considerarse la posible jurisdiccin espaola”.