Nueva guerra judicial Gobierno-Ayuso: Morant denuncia a Madrid por un centro universitario de los abogados tras la pugna del fiscal general

Se ha desatado una nueva guerra judicial entre el Gobierno e Isabel Daz Ayuso. El Ministerio de Universidades de Diana Morant ha interpuesto a travs de la Abogaca del Estado un recurso contencioso-administrativo contra la orden de la Consejera de Educacin madrilea por la que autoriza la adscripcin del nuevo centro universitario privado del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid.

El recurso fue presentado el pasado da 12 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en respuesta a la orden autonmica publicada en el boletn oficial el 14 de noviembre en la que da el visto bueno a la creacin de este centro adscrito, el primero que existe en Espaa que depende de un colegio profesional.

Los abogados madrileos y el Gobierno son enemigos desde que los primeros se personaron en marzo de 2024 como acusacin particular contra el entonces fiscal general del Estado, lvaro Garca Ortiz, condenado el pasado 20 de noviembre a dos aos de inhabilitacin por revelacin de secretos. Algunas fuentes universitarias interpretan que el recurso es un castigo del Gobierno por el posicionamiento del ICAM en la causa, mientras que otras sealan que el nuevo centro es un pago de Ayuso a los abogados por echarle un capote en el proceso que ha acabado dando la razn a su novio, el empresario Alberto Gonzlez Amador.

“No es la funcin”

El recurso del Ministerio, adelantado por El Pas, no expone argumentos jurdicos. Fuentes de este departamento explican que se har con la interposicin de la demanda, una vez el demandado remita el expediente al demandante. Slo dicen que la autorizacin de Madrid puede resultar contraria a la normativa legal y reglamentaria en materia de adscripcin de centros universitarios. Por qu? La docencia est, y debe seguir estando, en las universidades, donde est el profesorado que domina los temas y las metodologas para ensear. La funcin de impartir docencia oficial no es la funcin de los colegios profesionales, como dice la ley.

Tambin sealan que el centro universitario del ICAM sienta un precedente muy grave al ceder a intereses particulares de grupos profesionales la formacin en ttulos universitarios, habilitantes como ste, a precios privados.

“Realidad consolidada y regulada”

En el Colegio de la Abogaca de Madrid sostienen, por el contrario, que llevan realizando actividades formativas de manera continuada desde 1986, acumulando ms de 39 aos de experiencia en formacin jurdica especializada dirigida a profesionales del Derecho. E insisten en que la figura de centros adscritos a universidades pblicas es una realidad consolidada y plenamente regulada en sistema universitario espaol.

Un centro adscrito es una institucin que suele ser privada vinculada mediante convenio a una universidad pblica para impartir ttulo oficiales de grado y mster con la misma validez que si se cursaran directamente en la universidad principal, pues el programa de estudios es el mismo. Segn las estadsticas oficiales, hay 166 centros as en Espaa, 33 de ellos en la Comunidad de Madrid, de los cuales 29 son privados.

En el caso del llamado CUICAM, la Complutense se beneficia de la marca del ICAM y recibe un porcentaje por la matrcula de los alumnos. En concreto, 1.046 euros por cada uno de los estudiantes, lo que supone un ingreso extra a los cuatro aos del grado de alrededor de 600.000 euros.

El ICAM, por su parte, tiene el sello de calidad de la Complutense, que ejerce un control sobre el profesorado y sobre sus planes de estudios, y gracias a la universidad puede emitir sus ttulos como oficiales.

Falta de plazas pblicas

La creacin del CUICAM se produce en un contexto de falta de plazas pblicas por la asfixia econmica que sufren estos campus al tiempo que se multiplican las universidades privadas en la Comunidad de Madrid, donde hay seis campus pblicos frente a 14 privados. Lo lgico hubiera sido que la Facultad de Derecho habilitara ms plazas pblicas en vez de asociarse con un colegio profesional y crear un nuevo centro que ofrecer 150 plazas de grado cada ao, pero su capacidad financiera no parece permitirlo. De esta forma, los profesores -que no son los mismos que en la universidad pblica- los paga el ICAM.

Fuentes de la Consejera de Educacin de la Comunidad de Madrid esgrimen que se ha cumplido escrupulosamente la normativa vigente y que la propuesta cont con todos los informes favorables. Ponen como ejemplo de ello que el propio Ministerio ha concedido ya al CUICAM el cdigo de centro, al inscribirlo en el Registro de Universidades.

Sin embargo, el equipo de Morant precisa que esta inscripcin es un acto debido, una especie de actuacin automtica que se hace cuando un Gobierno autonmico autoriza la creacin de un centro y que slo tiene efectos informativos.

“Sin relacin temporal”

Los orgenes del polmico campus se remontan a octubre de 2022, dos aos antes de que, en marzo de 2024, el ICAM anunciara su denuncia contra Garca Ortiz. El proyecto se dise y comenz a tramitarse entre 2022 y 2023, fue presentado a la Comunidad de Madrid por la Universidad Complutense en diciembre de 2023 tras ser aprobado en Junta de Facultad, por la Comisin Acadmica, por el Consejo de Gobierno y por el Consejo Social. Despus sigui su curso durante 2024 y 2025. Hasta ahora.

Segn los abogados madrileos, no existe ninguna relacin temporal que permita sostener que la autorizacin del centro universitario sea una ‘contrapartida’ por las actuaciones del Colegio en defensa del secreto profesional en el procedimiento del fiscal general del Estado.

No ocultan, eso s, que han tenido que cambiar sus estatutos para incluir la formacin entre sus actividades despus de que la agencia de calidad madrilea y la Abogaca General pusieran pegas durante la tramitacin. Tambin estn de uas el resto de universidades. La Carlos III ya ha anunciado que va a presentar un recurso contra el nuevo centro. Los campus privados estudian qu pasos dar, porque los precios del CUICAM sern mucho ms baratos y amenazan con desestabilizar el mercado.

Los profesores

La autorizacin de Ayuso no implica an el inicio de la docencia, pues ahora empieza la fase de tramitacin para la imparticin de enseanzas oficiales, lo que llevara el inicio del grado hasta el curso 2026/27. Abrir con un grado en Derecho y dos especializaciones: Legaltech y Negocios Internacionales.

Mara Emilia Casas, presidenta emrita del Tribunal Constitucional, presidir el Consejo Asesor del nuevo centro universitario y tambin dar clase en el campus. Otros profesores son Encarnacin Roca y Pedro Gonzlez-Trevijano, tambin emritos del TC; los ex fiscales generales del Estado Consuelo Madrigal y Eduardo Torres-Dulce; la ex consejera del Banco de Espaa Carmen Alonso; la ex vicedecana del Colegio de Registradores Carmen de Grado, o el ex decano del Colegio Notarial de Madrid Ignacio Sols.