Consumo investiga anuncios de viviendas en grandes portales inmobiliarios que podrían infringir la ley en zonas tensionadas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigacin para supervisar y, en su caso, sancionar anuncios de alquiler que podran incumplir la normativa vigente en las llamadas “zonas tensionadas”, donde la demanda de vivienda supera con creces la oferta y los precios estn regulados. La investigacin se centra en dos prcticas que podran ser consideradas ilegales: la publicacin de anuncios que ofrecen viviendas a precios superiores a los fijados por la ley para grandes tenedores de inmuebles y, en el caso de particulares, la omisin del precio del ltimo contrato de alquiler, informacin obligatoria para garantizar la transparencia en el mercado. Estas conductas podran constituir una infraccin de la normativa de consumo, tipificadas como “prcticas desleales por engaosa”, y acarrear sanciones econmicas.

La Ley de Servicios de Atencin a la Clientela, aprobada por el Congreso el 11 de diciembre de 2025 y publicada en el BOE el 27 de diciembre, establece obligaciones claras para los portales inmobiliarios. Los anuncios de viviendas ubicadas en zonas declaradas tensionadas deben incluir informacin accesible que permita a los consumidores conocer los criterios utilizados para fijar la renta ofertada. Esto puede incluir la ltima renta del contrato anterior en el caso de particulares o el ndice de renta aplicable para grandes tenedores de inmuebles. Estas medidas buscan aumentar la transparencia, permitir comparaciones objetivas de precios y evitar prcticas que distorsionen la competencia o induzcan a error a los potenciales inquilinos.

El secretario general de Consumo y Juego, Andrs Barragn, inform recientemente a portales inmobiliarios y asociaciones del sector sobre los cambios legislativos y las responsabilidades que tienen como intermediarios entre arrendador y arrendatario. No cumplir con estas obligaciones puede derivar en sanciones tanto para los propietarios como para los portales que publican anuncios que no cumplen la normativa.

La investigacin surge tras detectar, en el marco de la monitorizacin activa que el Ministerio realiza sobre el mercado de la vivienda, anuncios que podran no cumplir con los nuevos requisitos de transparencia. El objetivo es verificar que las ofertas reflejan correctamente los lmites de renta establecidos por la ley y que los consumidores cuentan con la informacin necesaria para tomar decisiones informadas. Esta accin forma parte de una estrategia ms amplia para regular el mercado de alquiler en zonas tensionadas, proteger a los inquilinos y reforzar la confianza en los portales inmobiliarios.

Las zonas tensionadas son reas en las que los precios de alquiler han superado ciertos umbrales definidos por la legislacin y donde la presin de la demanda sobre la oferta es especialmente alta. En estos lugares, los propietarios deben ajustarse a lmites de renta especficos y los anuncios deben reflejar de manera transparente los criterios utilizados para fijar el precio. La ley busca evitar subidas abusivas y promover un mercado ms justo y equilibrado, garantizando que los consumidores tengan acceso a informacin clara y veraz antes de tomar decisiones de alquiler. Con esta investigacin, el Ministerio de Consumo pretende asegurar el cumplimiento de la ley y prevenir que prcticas desleales o engaosas perjudiquen a los inquilinos o distorsionen el mercado de vivienda en Espaa.

Exentos de responsabilidad

Segn sealan fuentes de Idealista, el artculo 14 de la Directiva de Comercio Electrnico, incorporado al ordenamiento jurdico espaol a travs de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacin, establece que los prestadores de servicios de intermediacin que se limitan a albergar datos proporcionados por los usuarios no responden por la informacin almacenada, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la informacin es ilcita o lesiona bienes o derechos de terceros. Asimismo, recuerdan que el artculo 15 de la Directiva prohbe imponer obligaciones generales de supervisin, por lo que consideran que no es jurdicamente viable exigir a los portales inmobiliarios un control previo y sistemtico de los anuncios, recayendo la responsabilidad ltima sobre los anunciantes.