23 de diciembre: el día que Peramato libró a García Ortiz de la expulsión como fiscal sin informar a la opinión pública

Nunca antes en democracia, un fiscal general del Estado haba sido condenado por la comisin de un delito en el ejercicio del cargo. lvaro Garca Ortiz fue el primer representante del Ministerio Fiscal en ajustarse a esa definicin. Lo hizo el pasado mes de noviembre cuando el Tribunal Supremo avanz su histrico fallo condenatorio, consistente en la imposicin de una multa de 7.200 euros y la inhabilitacin especial para el cargo de fiscal general por tiempo de dos aos. Garca Ortiz fue considerado autor de un delito de revelacin de datos reservados del empresario Alberto Gonzlez Amador.

La investigacin desarrollada por el Alto Tribunal sobre su actuacin delictiva tras la filtracin de datos confidenciales de la pareja de Isabel Daz Ayuso ha ocupado en el ltimo ao y medio espacio en las portadas de todos los medios de comunicacin del pas. Se trata de un asunto de innegable inters pblico que, a su vez, ha puesto de relieve el grave deterioro institucional que atraviesa Espaa.

El alcance que la sentencia condenatoria deba tener para Garca Ortiz en su condicin fiscal (existe prolijo debate jurdico al respecto ya que el caso carece de precedentes) recay sobre su sucesora en el cargo, la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien ha decidido estrenar su mandato con total opacidad.

Peramato, que tom posesin del cargo el pasado 11 de diciembre (sealando en su discurso en la Fiscala General su respeto y admiracin hacia el condenado), dict el pasado da 23 un decreto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, donde concluy que Garca Ortiz no debe ser expulsado de la carrera fiscal tras ser condenado por un delito doloso por el Alto Tribunal. Es la primera decisin de calado adoptada por la nueva jefa del Ministerio Pblico.

Seis das antes de la firma del citado decreto, el 17 de diciembre, la Sala de lo Penal que preside el magistrado Andrs Martnez Arrieta haba enviado copia de la sentencia a la Inspeccin Fiscal a los efectos oportunos.

Sin transparencia

Sin embargo, pese a la indudable trascendencia del asunto, la decisin adoptada por Teresa Peramato no fue comunicada a la opinin pblica, ya que los medios de comunicacin no fueron informados de la resolucin de la fiscal general. El artculo 4.5 del Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal, ese que tanto ha invocado Garca Ortiz en el ltimo ao en su defensa, recoge la obligacin de la Fiscala de proporcionar informacin veraz a los ciudadanos sobre asuntos de relevancia pblica. Adems, la resolucin de la nueva fiscal general tampoco ha sido comunicada a los miembros de la carrera fiscal pese al enorme impacto que el proceso judicial contra Garca Ortiz ha tenido en el Ministerio Pblico.

Por su parte, en el decreto, donde Peramato resuelve que la condena del Supremo no da lugar a la prdida de su condicin de fiscal de carrera de Garca Ortiz, la fiscal general se aferra a los propios trminos de la resolucin de la Sala Seg unda.

El alcance del fallo de la sentencia resulta muy claramente delimitado: se impone al Sr. Garca Ortiz la pena de inhabilitacin especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de dos aos, sin que se efecte ninguna referencia ms ni respecto de su condicin de fiscal de carrera y/o el ejercicio de sus funciones fiscales, ni respecto de otros cargos anlogos, recoge el documento.

La fiscal general abunda en que la sentencia que se analiza descarta expresamente la proyeccin de la inhabilitacin a otros cargos y en ningn momento hace referencia al concepto de cargo anlogo al de Fiscal General, y es que no es sencilla la tarea de delimitar semejante parangn.

Una decisin recurrible

La mxima representante del Ministerio Pblico se apoya en que el fiscal general puede ser elegido entre juristas espaoles de reconocido prestigio con ms de quince aos de ejercicio efectivo de su profesin y, por tanto, sin necesidad de que cuente con la condicin de fiscal en servicio activo.

Adems, el decreto concluye que la persona titular de la Fiscala General no est sujeta al rgimen disciplinario de los miembros de la carrera fiscal, sindole nicamente de aplicacin, por disposicin expresa de la ley, las causas de incompatibilidad previstas para los las fiscales.

Por otro lado, junto a la expulsin, el decreto de la fiscal general descarta que Garca Ortiz pueda ser suspendido de sus funciones como fiscal. Lo argumenta sealando que la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo respecto del Sr. Garca Ortiz no impone pena privativa de libertad; por tanto, aun cuando se trata de una condena por delito doloso no puede imponerse la suspensin del cargo prevista en el artculo 44 del Estatuto Orgnico.

Tal y como adelant el pasado lunes EL MUNDO, Garca Ortiz se ha incorporado a la Seccin Social de la Fiscala del Tribunal Supremo en busca de un destino tranquilo con poca exposicin meditica.

Por su parte, el decreto de Peramato puede ser recurrido en el plazo de un mes en reposicin ante la propia Fiscala General o, alternativamente, en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo. Es previsible que la decisin de la nueva fiscal general sea impugnada.